Si ya le llegó la notificación de la “nueva” valorización de Bogotá, está siendo víctima de la negligencia, imprudencia e impericia de nuestros gobernantes y del IDU. Le explico, desde hace más de una década se han solicitado dineros para valorizaciones que no han cumplido, siendo ya tres administraciones que no han ejecutado las obras prometidas.

De la valorización del 2005, sólo se utilizó el 49% de las 137 obras aprobadas por el Concejo para la petición de recursos, después, las siguientes dos administraciones excluyeron una gran cantidad quedando sólo 54. Por ello, en el 2013 el Concejo aprobó la devolución de dineros, mediante un trámite ineficiente en el que el contribuyente debía hacer la solicitud para que le regresaran el monto respectivo, tal será el pésimo proceso que menos de la mitad de los ciudadanos recibió su propio dinero y el resto de la plata se esfumó.

No suficiente con esto, ahora, tienen la brillante idea de recaudar más de 900.000 millones de pesos para la construcción de 16 obras, varias de estas no priorizadas en el Plan de Desarrollo, cuando en diversas ocasiones, el mismo Distrito ha afirmado que hay una asfixia fiscal en la ciudad, donde el 33% de los hogares han desmejorado su situación económica.

Por esta preocupación varios ciudadanos presentaron una acción de nulidad, y es que hay suficientes argumentos jurídicos para tumbar la aprobación a este impuesto que se hizo en noviembre del año pasado: Como lo advierte la Constitución, sólo los organismos de representación popular pueden imponer tributos, y esta vez, el Concejo le otorgó el poder al IDU para que decidiera el monto del cobro con un espectro muy amplio, y además le dio el papel de recaudador, cuando perfectamente podría hacerlo Hacienda, y esto nos atribuye un sobre costo cercano a los 80.000 millones, la bobadita extra para recolectar el cobro.

Por otro lado, cuando se define el monto distribuible, siempre se debe tener en cuenta la capacidad de pago, pero en este caso, no hicieron un estudio juicioso, de hecho, varios de los concejales que aprobaron la valorización no tenían idea de este aspecto, sólo vieron por encima un estudio que hicieron en 2017 con datos del 2014, esa información extemporánea y la falta de claridad y ambigüedad en la exposición del proyecto debería anular todo el proceso porque no tienen una base sólida de los ajustes que quieren hacer.

Ahora bien, es preciso tener en cuenta que el país no está pasando por su mejor momento, que tiene un déficit fiscal enorme, al que además le aparecen cuentas alegres que no cuadran, y la crisis siempre recae con mayor impacto en su principal baluarte (Bogotá), que le aporta nada menos que casi el 26% de PIB.

Está bien que mejoren la calidad de vida de los bogotanos, que haya más y mejor infraestructura que les aporte valor a sus predios, y que, además, toda esta construcción genere empleo. Lo que no está bien es el proceso y el procedimiento cómo se han dado estos proyectos, buscando perder credibilidad y confianza de los bogotanos a la Administración, y fomentando la evasión de impuestos cuando Bogotá es de los mejores pagadores del país. La solución es clara, que el Distrito construya mediante financiaciones las obras prometidas y luego, cuando el ciudadano obtenga el beneficio, pague su parte. Pero, ahora, lo primero, terminar de construir las obras por las que pagamos hace más de diez años.